Diversos actos de protesta y acciones de hostigamiento han tratado de dificultar el acceso de aficionados a determinados recintos, generando preocupación entre organizadores y fuerzas de seguridad, incluso se les ha atacado con barras de hierro y armas blancas.
Ante esta situación, distintos sectores reclaman una respuesta institucional clara que garantice el ejercicio de derechos fundamentales, como la libertad de movimiento y la asistencia a espectáculos públicos, al tiempo que se preserva el derecho a la protesta dentro de los límites establecidos por la ley.
Los expertos recuerdan que cualquier intento de intimidación, coacción o bloqueo que impida el normal desarrollo de un evento deportivo debe ser abordado mediante los mecanismos previstos por el ordenamiento jurídico. Asimismo, subrayan la importancia de mantener un clima de convivencia que permita la celebración de acontecimientos deportivos sin incidentes y al margen de tensiones políticas o sociales.
Sin embargo, el Gobierno guarda silencio y evita responder a las preguntas que se le hacen y no digamos ya los responsables del orden en el Pais Vasco o Cataluña.
Y es que el debate también ha puesto el foco en el papel de las administraciones públicas, llamadas a garantizar la seguridad y el normal funcionamiento de los eventos, así como la protección de los derechos de todos los ciudadanos con independencia de sus preferencias deportivas o de cualquier otra consideración.
Y lo peor de todo es la ausencia en estos lugares de las fuerza de seguridad que, en teoría, desempeñan un papel esencial para garantizar que los eventos deportivos se desarrollen con normalidad y dentro del marco legal.
Conviene en este punto recordar que entre sus principales funciones destacan:
• Garantizar la seguridad de los asistentes, jugadores, árbitros y organizadores.
• Proteger la libre circulación de las personas, evitando bloqueos, coacciones o actos que impidan el acceso a estadios o recintos deportivos.
• Prevenir altercados y situaciones de violencia, mediante dispositivos de vigilancia y control.
• Velar por el cumplimiento de la ley, actuando frente a conductas que puedan constituir infracciones administrativas o delitos.
• Coordinar los planes de emergencia y evacuación junto a los organizadores y autoridades competentes.
• Conciliar derechos fundamentales, asegurando tanto el derecho de reunión y manifestación como los derechos de movilidad, seguridad y acceso de los ciudadanos a los eventos.
En una sociedad democrática, su actuación debe regirse por los principios de legalidad, proporcionalidad y neutralidad, protegiendo los derechos de todas las partes implicadas y evitando que conflictos o protestas deriven en situaciones que afecten a la convivencia o a la seguridad pública.
Pues de todo ello, en esos hechos que se denuncian, nada de nada,
