Apoyándose en que la función principal que tiene encomendada el Consejo es la «defensa y garantía de la independencia judicial» reclamaban los diez vocales restantes que propuso el PP censurar las declaraciones del socialista Puente en las que acusó al Supremo de «extralimitarse» en sus competencias al negar la amnistía a Puigdemont en base a una interpretación que el titular de Transportes consideró que «no hay por donde cogerla».
También con las que Puente anunció de que no prevalecerá la decisión del Supremo, por una hipotética corrección del Tribunal Constitucional (TC), y su previsión de que «lo único que van a conseguir de esta manera es retrasar la implantación y la implementación de una ley».
Este grupo de miembros del Poder Judicial pretendían advertir que este clase de declaraciones por parte de miembros del Ejecutivo están «fuera de los límites de la separación de poderes y el respeto entre los mismos», al tiempo que acaban por «cuestionar» la independencia judicial y «desgastar» la Justicia.
La respuesta del ala progresista ha sido un ‘no’ que han justificado alegando que la circunstancia de que no hay aún presidencia –porque no ha sido consensuado el elegido para el cargo por los 20 vocales–, entienden, que no es posible. El órgano, cuando está en esta situación, solo tiene competencias para resolver asuntos de orden y urgentes, y, por tanto, consideran que esta propuesta de resolución queda fuera.
No ha sido incluido en el punto del día ni es uno de los 122 acuerdos que salieron adelante.
