Fue el propio Sánchez, quien anunció en abril de 2023, coincidiendo con la campaña electoral autonómica, la oferta de 50.000 viviendas de la Sareb en toda España a alquileres asequibles. De aquella cifra, unas 21.000 viviendas ya se encontraban vacías y se pusieron a disposición de autonomías y municipios; otras 14.000 estaban habitadas y se empezó a trabajar para destinarlas a programas de alquiler social, y las 15.000 restantes había que construirlas en el suelo disponible.
Casi un año después del aquel anuncio, el Ejecutivo revela en una respuesta parlamentaria que en este tiempo ha atendido consultas de 324 municipios y comunidades autónomas en 2023, pero sólo ha vendido 350 inmuebles a 18 entidades locales o autonómicas.
Entre otras provincias, las viviendas se han entregado en Álava, Murcia, Madrid, A Coruña, Pontevedra, Valencia, Barcelona, Tarragona, Lleida, Girona, Soria, Palencia, Segovia, Valladolid, Ávila, León, Salamanca y Burgos.
Por otro lado, los alquileres sociales se han formalizado en las provincias de Albacete, Alicante, Almería, Asturias, Ávila, Badajoz, Baleares, Barcelona, Burgos, Cáceres, Cádiz, Cantabria, Castellón, Ciudad Real, Córdoba, A Coruña, Cuenca, Guipúzcoa, Girona, Granada, Guadalajara, Huelva, Huesca, Jaén, Lleida, Lugo, Madrid, Málaga, Murcia, Navarra, Orense, Palencia, Las Palmas, Pontevedra, La Rioja, Santa Cruz de Tenerife, Segovia, Sevilla, Tarragona, Toledo, Valencia, Valladolid y Zaragoza.
En la respuesta parlamentaria, el Gobierno informa de que la línea de préstamos del ICO destinados a la vivienda social con 4.000 millones de euros de fondos europeos, podrá aplicarse a la financiación de actuaciones sobre los activos de titularidad de la Sareb, ya sea de nueva construcción o de rehabilitación de inmuebles existentes, condicionado en todo caso a que se destinen a alquiler social o a precio asequible.
